Blumar demanda al Estado por cambios anticipados a reglas de fraccionamiento pesquero acordadas hasta 2032

La compañía acudió a la justicia tras cambios al marco regulatorio establecido y expresamente aceptado el año 2013

Blumar presentó una acción judicial contra el Estado de Chile, debido a los efectos que genera la Ley de Fraccionamiento Pesquero promulgada en 2025 sobre el sector pesquero industrial y que afectó el marco regulatorio establecido en 2013 que fijaba condiciones claras de operación y fraccionamiento hasta, al menos, el año 2032, sin que existiera indemnización por dicho cambio 

La compañía expuso que la legislación aprobada en 2013 implicó una modernización relevante del sistema pesquero nacional, donde el sector industrial, acogiéndose a un marco regulatorio expresamente establecido por el Estado, renunció a autorizaciones indefinidas, reemplazándolas por licencias con vigencia y condiciones de explotación determinadas (20 años), promoviendo un uso más sostenible, estable y regulado de los recursos, bajo reglas explícitas y conocidas. Ese marco contemplaba reglas de fraccionamiento proyectadas hasta, al menos, 2032, sobre cuya base se adoptaron decisiones de inversión, empleo y desarrollo regional.

En este contexto, Blumar, tal como otras compañías pesqueras, adoptó decisiones de inversión, empleo y desarrollo territorial sobre la base del estatuto al cual se acogió conforme el régimen legislativamente aprobado, que tuvo como antecedente diversas instancias convocadas por el propio Estado. La nueva normativa modifica el régimen establecido sin contemplar mecanismos de compensación, lo que configura una afectación patrimonial grave, equivalente a una expropiación regulatoria, lo que vulnera principios esenciales de seguridad jurídica que el Estado debe garantizar.

Los efectos patrimoniales de la alteración del estatuto al cual se acogió la compañía son severos y su evaluación ha sido encomendada a profesionales expertos, considerando variables como la reducción anticipada de cuota, la afectación sobre derechos originalmente otorgados y nuevas cargas económicas derivadas del cambio normativo. Los estudios estiman, preliminarmente, el perjuicio en torno a US$ 216 millones, lo que ciertamente afecta la sostenibilidad de la compañía y, obviamente, las proyecciones de inversión futura.

En este contexto, la compañía ha debido reevaluar su plan de desarrollo en torno al jurel destinado a consumo humano en la Región del Biobío, que es el recurso más afectado por el nuevo fraccionamiento. Uno de los proyectos afectados considera inversiones de alrededor de US$ 45 millones en Coronel, generando 250 nuevos empleos directos e indirectos. 

“Somos una empresa responsable, seria y profesional. Debemos proteger no sólo los intereses de nuestros accionistas, sino que especialmente los de nuestros trabajadores y los de las comunidades donde operamos; cuando se alteran unilateralmente reglas establecidas por ley, el camino institucional es ejercer las acciones que nuestro ordenamiento contempla”, señalaron desde Blumar.

Con 77 años de trayectoria, presencia en más de siete regiones del país, más de mil trabajadores en su segmento pesquero y cerca de 8 mil beneficiarios en proyectos comunitarios en distintas comunas, Blumar desarrolla una labor fundamental en torno a recursos como el jurel, bajo estándares de sostenibilidad y regulación científica. La compañía reiteró su compromiso con un desarrollo pesquero sostenible, con reglas claras y estables que permitan compatibilizar inversión, empleo regional y protección de los recursos.