Contraloría acusa a Sernapesca, Subpesca y otros organismos estatales de falta de fiscalización y control en salmonicultura

Auditoría analizó también a otros entes como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, en relación con el cumplimiento de sus deberes en materia salmonera.

Una serie de deficiencias en la fiscalización y control a la industria salmonera ha existido durante los últimos años por parte de los principales organismos sectoriales que velan por el cumplimiento de la normativa acuícola y medioambiental atingente a la actividad.

Así lo reveló el informe 335/2019 de Contraloría, publicado recientemente por el órgano fiscalizador de la administración pública.

El documento, fechado el 20 de abril de 2021 y reportado primero por El Mostrador este viernes, detalla la auditoría realizada por Contraloría al ejercicio de las facultades de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un periodo entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019, 

En los casos de Sernapesca y Subpesca, esta es la segunda ocasión en que son evaluados por el órgano fiscalizador en el ámbito de sus roles en materia de la salmonicultura: auditorías practicadas en 2016 (informes 210 y 211, respectivamente) también habían revelado irregularidades en sus roles de fiscalización y control, por lo que después tanto Sernapesca como Subpesca suscribieron con Contraloría convenios de colaboración, con los cuales formularon planes de mejoras a implementar.

Auditoría 2021

En esta nueva auditoría, Contraloría constató nuevas deficiencias en los órganos previamente evaluados. En el caso de Sernapesca, verificó “la ausencia de un procedimiento de evaluación previo al inicio de actividades de acuicultura que asegure que el titular localice sus balsas jaulas dentro del área concesionada”.

También comprobó que de 113 planes de contingencia sobre floraciones algales nocivas —como la que recientemente ocurrió en el fiordo Comau— y escapes de salmones solo aprobó cuatro y más de 70 aún no habían sido evaluados.

Asimismo, detectó la ausencia de un registro unificado y de respaldos de las actividades de fiscalización realizadas en centros de cultivos de salmónidos durante el año 2019.

La Contraloría también verificó que Subpesca, al mes de agosto de 2019, no había acreditado la realización de una evaluación formal y completa para desafectar las áreas apropiadas para la acuicultura (AAA) que se encuentran dentro de perímetros de parques nacionales, pese a que había sido advertida de esta situación en 2013.

Respecto de los otros órganos estatales auditados, Contraloría también halló problemas. En cuanto a la SMA, detectó que esta “no atendió de manera oportuna las denuncias de Sernapesca respecto de diez centros de cultivo que se encontraban fuera de la concesión otorgada”.

En el Servicio de Evaluación Ambiental, en tanto, el órgano fiscalizador comprobó “la ausencia de criterios objetivos y uniformes” para asegurar que los proyectos acuícolas ubicados en o cerca de áreas protegidas “se evalúen se evalúen con la normativa correspondiente”.

Por último, Contraloría constató que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no atendió denuncias hechas por Sernapesca acerca de doce centros de cultivo que operaban fuera del área de concesión.

Dado los resultados, Contraloría exigió a los órganos administrativos informar y respaldar en un plazo de 60 días las diversas acciones que tiendan a subsanar las deficiencias halladas en la auditoría.

El informe final 335/2019 está disponible en la página de Contraloría.