Cuatro imputados quedan en prisión preventiva por la venta de salmón en mal estado en Puerto Montt

Tribunal de Garantía de Calbuco también determinó que otras 16 personas quedaran en arresto domiciliario, dos con medidas cautelares, luego de que en la formalización diera por acreditado los ilícitos.

En una audiencia que se extendió por más ocho horas, el Juzgado de Garantía de Calbuco dictaminó este viernes prisión preventiva a cuatro de los 22 imputados por el caso de venta de salmones en mal estado, por los delitos de robo, asociación y lavado de activos.

El tribunal también determinó que 16 personas quedaran en arresto domiciliario, dos con medidas cautelares, luego de que en la formalización el Tribunal de Garantía diera por acreditado los ilícitos.

"Este es el resultado de la acción que se llevó a cabo el pasado día lunes y martes, cuando se incautó gran cantidad de especies, bienes y dinero en efectivo, que eran atribuibles a la organización criminal”, afirmó Marcelo Sambucetti, fiscal jefe de Sacfi de la Fiscalía de Puerto Montt, consignó este sábado El Llanquihue.

En los operativos simultáneos que se realizaron en Puerto Montt, Pargua y Chiloé —acción bautizada como "Operación Atlántico"—,  se incautaron 17 vehículos, como también diversos artefactos tecnológicos, dos armas de fogueo, más de 24 millones de pesos de dinero en efectivo y documentación bancaria cuyo avalúo era los 370 millones de pesos. También se decomisaron 650 kilos de salmón, 117 kilos de salmón ahumado, 44 kilos de salmón congelado y 27 kilos del recurso loco.

El modus operandi de la asociación ilícita, que operaba desde hace cuatro años, consistía en desviar camiones transportadores de mortalidad de salmones —que era destinada a la elaboración de harina de pescado o alimento para el mismo recurso— provenientes desde Chiloé hacia un centro de operaciones en el sector de Pargua. Donde la biomasa era fileteada y se envasada. Posterior a ello, el salmón era comercializado a un comprador en particular con local en el tradicional mercado Angelmó de Puerto Montt, por lo que se provocaba un riesgo a la salud pública.

Durante la formalización, el Tribunal también decretó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación.