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Por Jaime Rozas , 24 de agosto de 2021

Senador Quinteros califica como “inaceptable” que se cierre sin sanciones causa por vertimiento de salmones

Imagen de mortalidad masiva de salmones en 2016 en uno de los centros afectados por el bloom de algas, que posteriormente provocó el vertimiento autorizado en el mar..
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“En su momento advertimos sobre este verdadero atentado a la fauna marina que es también una flagrante infracción a la Ley de Pesca” aseveró Quinteros, en alusión a la cuestionada medida realizada en 2016 al noroeste de la bahía de Ancud.

El senador Rabindranath Quinteros calificó este martes como “inaceptable” el eventual cierre por parte de la justicia de la causa por vertimiento de salmones ocurrida en Chiloé durante 2016, “sin sanciones para la industria salmonera”.

“En su momento advertimos sobre este verdadero atentado a la fauna marina que es también una flagrante infracción a la Ley de Pesca” aseveró Quinteros, en alusión al vertimiento de toneladas de salmones muertos ocurrido en 2016 al noroeste de la bahía de Ancud. 

Quinteros expresó su respaldo a las organizaciones civiles y científicas de Calbuco y Chiloé “que se oponen a un cierre del caso sin determinar responsabilidades y así lo haremos ver en las distintas instancias”.

Desde que se conocieron los hechos, el parlamentario por Los Lagos requirió un rol activo de parte de las autoridades, con el propósito de dilucidar las responsabilidades de la industria y los efectos que el vertimiento de salmones tuvo en los ecosistemas marinos.

Investigación

El caso se remonta a marzo de 2016, cuando la Directemar autorizó a empresas salmoneras verter hasta nueve mil toneladas de salmón en descomposición a 75 millas marinas (140 km) al oeste de Punta Corona, Ancud —tras el bloom de algas que mató a 25 millones de peces en el seno y estuario de Reloncaví—, lo cual finalmente se tradujo en el vertimiento de 4500 toneladas de mortalidad.

Un mes después de este episodio, la marea roja que azotaba el sur de Chiloé se extendió por toda la costa oceánica de de la Región de Los Lagos y el canal de Chacao, lo que generó intensas protestas en el archipiélago.

En mayo de este año, a cinco años del “mayo chilote”, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de las querellas por delitos de prevaricación administrativa y daño ambiental presentadas contra el Estado y empresas salmoneras, interpuestas por organizaciones de pescadores artesanales de Ancud —representados por los abogados Orieta Llauca y Allen Leonard—.

La causa era vista por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que iba a decretar el sobreseimiento definitivo, tras la declaración del fiscal Claudio Rebeco que no existía delito de prevaricación por parte del director de Directemar en ese tiempo, el vicealmirante (r) Osvaldo Schwarzenberg. 

Por lo mismo, hace unos días se postergó por un mes la audiencia para resolver el sobreseimiento —detalló este lunes El Llanquihue—, luego de que la abogada Llauca presentara una cautela de garantía para tener acceso a la carpeta investigativa de la Fiscalía, y así poder estar mejor preparada para una eventual impugnación de la resolución del Tribunal de Garantía, solicitud que fue aceptada.

De esta manera, la decisión final del Tribunal se conocerá a las 10 de la mañana del próximo 21 de septiembre.

Jueza de garantía no acogió la petición de sobreseimiento definitivo en la causa por prevaricación administrativa, “porque no hay una certeza suficiente para estimar que la autorización que dio el director de Directemar para el vertimiento estaba debidamente justificada".

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